La inmensidad de Internet ha abierto las puertas a los investigadores privados.
Un novio despechado que cuelga fotos de su ex, ligera de ropa, en una página de contactos. Un joven que intenta batir récords de velocidad con su coche tuneado por una carretera, lo graba y lo comparte con la audiencia mundial de Youtube. O una mujer que exhibe, en su blog personal, fotos de sus amigos sin que éstos lo sepan. Esta clase de comportamientos se han extendido en el mundo de Internet. Por ignorancia o simple temeridad, sus autores se creen libres de actuar así sin que haya consecuencias. Pero los responsables policiales, los abogados expertos en delincuencia informática y las asociaciones de usuarios lo tienen claro: Internet ya no es un oasis de impunidad. Mucho ojo porque, advierten, delinquir en la red se paga. “Al usar Internet, la gente tiene la sensación de que todo vale. Y ocurre justo lo contrario: se puede perseguir cualquier delito”, opina Jordi Bertomeu, abogado especializado en la materia. Su confianza se basa en una certeza: la red deja rastros. El más evidente de todos ellos es la dirección IP. Se trata de un número que permite identificar una máquina en una red; es una suerte de DNI con el que los investigadores pueden llegar al origen (desde dónde se envía la información) y, a partir de ahí, cazar al responsable.
Pero hay otras fórmulas. El contenido de la imagen (en el caso de vídeos y fotografías) ofrece una ingente información que, analizada, resulta eficaz. El estilo de escritura también puede ser, en el caso de ofensas o amenazas vertidas desde un correo electrónico o un foro anónimo, una pista definitiva.
El portal de vídeos Youtube, propiedad del titánico Google, se ha convertido, con el tiempo, en un depósito de material delictivo. No es el único, pero su popularidad le ha situado como destino preferente para que cientos de usuarios vuelquen allí lo que se les ocurra, que en ocasiones, resultan ser actividades castigadas en el Código Penal.
Ramón, un esquizofrénico de 46 años, sufrió en sus carnes la perversión de la red cuando, hace unos meses, unos chicos le grabaron con videocámara mientras se burlaban de él. No tardaron ni dos minutos en colgarlo en Youtube. Su familia, de Móstoles (Madrid), consiguió que se retiraran las imágenes. En abril ocurrió algo parecido, esta vez en Martorell (Barcelona). Tres chicos obligaron a un discapacitado psíquico a romper baldosas con la cabeza, hacer flexiones y consumir drogas, mientras captaban la escena con sus teléfonos móviles. Los tres acabaron detenidos por los Mossos d’Esquadra (Policía autonómica catalana) y las imágenes, apartadas de la circulación. “En las webs saltan cosas que han pasado toda la vida: por ejemplo, niños que se pegan en el colegio. La diferencia es que, ahora, eso se difunde públicamente, por puro exhibicionismo”, opina Carlos Sánchez Almeida, abogado experto en delincuencia informática. “Una paliza puede ser un delito de lesiones. Pero si esa paliza se publica en Internet, se convertirse, además, en un delito de incitación a la discriminación”, señala.
Hace meses, la policía detuvo a varias personas por mantener relaciones sexuales con una menor en un parque de Asturias. La adolescente accedió a practicar sexo, e incluso consintió que la grabaran. Pero es que los jóvenes no fueron detenidos por abuso sexual, sino por cometer un delito contra el derecho a la propia imagen, ya que el vídeo corrió de un teléfono móvil a otro hasta que aterrizó en Internet.
Almeida y otros letrados reclaman que la Fiscalía intervenga de oficio en los casos más graves; al menos, en los que se ven involucrados menores o personas con discapacidad. “Lo primero es proteger su intimidad. Después ya se verá si hay o no delito”, subraya. Hace unas semanas, la Fiscalía de Menores de Granada pidió a Google que indemnice, con 1.300 euros, a dos menores (un supuesto agresor y su víctima) que protagonizaron una riña en Armilla. Las imágenes fueron colgadas en Youtube, lo que, a juicio de la Fiscalía, supuso “un grave menoscabo de la dignidad” de los dos menores. El volumen de material susceptible de ser perseguido penalmente crece día tras día. Lo mismo que la sensación de descontrol, de que el vídeo eliminado hace una semana puede estar ahora en otro portal de Internet. Los responsables policiales cuentan con ello. Y tratan de achicar terreno. El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) creó hace unos meses el Grupo de Redes Abiertas. Bajo ese llamativo nombre trabajan decenas de agentes expertos en informática que se pasan el día enganchados a la red. Hacen lo que buenamente pueden. Cuando no atienden la denuncia de un individuo o una empresa, bucean por el inmenso mar de Internet en busca de indicios.
“Esto es inacabable. Aunque fuésemos mil, no llegaríamos a todo. Los delincuentes cada vez van a más, por eso es importante que el ciudadano colabore y, cuando vea una agresión, la denuncie”, admite el jefe de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía, Enrique Rodríguez. Los funcionarios que trabajan en este grupo están pendientes de la actualidad informativa, porque se produce un curioso efecto llamada: “Esto va por modas. La gente ve una conducta en la tele y la imita. Por ejemplo, a raíz de un ataque a una tienda de chinos, empezamos a observar agresiones similares en otros locales. Lo mismo ocurrió con las peleas entre compañeros de clase, las palizas a mendigos o las carreras ilegales de coches”.
Rodríguez asegura que, “contra la opinión del común de los mortales, Internet no es anónimo; siempre deja un rastro”. Dice que la policía dispone de los medios necesarios para perseguir cualquier delito, pero prefiere no dar detalles para “evitar que los malos tengan pistas”.
La inmensidad de Internet ha abierto las puertas a los investigadores privados. Mientras la policía debe concentrar sus recursos en los casos con impacto criminal -distribución y consumo de pornografía infantil, grandes estafas on line, agresiones a menores o discapacitados- el sector privado se ha volcado en las empresas. Éstas han multiplicado las denuncias por fuga de información, competencia desleal o injurias en la red. Y los investigadores les echan un cable. Uno de los más prestigiosos es Abraham Pasamar, perito informático y director general de la empresa de investigación digital Incide. “Un individuo que sepa algo de informática puede lograr que los comentarios difamantes sobre una empresa aparezcan en Google antes que su web corporativa”, sentencia Pasamar. Por eso, recomienda a las empresas que, antes que nada, acudan al notario “para dejar constancia de que esa injuria estaba ahí, en esa página, tal día y a tal hora”. Del comentario ofensivo se ha de sacar una copia en papel; del vídeo, se ha de hacer una copia. ¿Por qué? “Es importante que la prueba quede custodiada de forma adecuada. De hecho, pedimos a los empresarios que creen una figura especial para ello, el oficial de evidencias”, interviene Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva y coordinador del Foro de Evidencias Electrónicas, un punto de encuentro en el las personas implicadas en este mundo comparten información.
Pero con la prueba del delito no es suficiente: hay que ir a por el autor. Y hay herramientas para dar con él. “En Youtube, el delincuente cuelga la prueba de su delito, y eso es una gran ventaja. Un analista forense puede sacar punta a cualquier cosa: por ejemplo, si aparece un reloj o un calendario podemos saber en qué país se ha producido el material”, indica Inza. El autor exhibe, por lo general, su nombre de usuario. De modo que, con “un poco de picardía”, se puede saber en qué otro lugar de la red ha participado ese mismo usuario-ciudadano.
Cuando el prestador de servicios de Internet colabora con la policía, los tiempos de espera se acortan. Por colaborar se entiende aquí algo muy concreto: que Google (por citar un ejemplo) retire, motu propio, un contenido que se considera nocivo. En casos flagrantes o de alarma social (como la pederastia) las propias páginas web se prestan a retirarlo de forma inmediata. Pero no siempre es tan fácil. Para empezar, hay diferencias de clase. “En las grandes empresas, donde todo está muy profesionalizado, se puede llegar a un acuerdo. Un blogger, por el contrario, puede llegar a ser mucho más combativo”, incide el letrado Sánchez Almeida.
Cazando con redes
Las populares redes sociales (tipo Facebook) ponen en contacto a amigos y promueven el intercambio de todo tipo de información entre ellos. También estas webs se han convertido, sin pretenderlo, en un terreno espinoso. Existe la costumbre, por ejemplo, de colgar fotos de amigos en la red sin pedir permiso. De nuevo, asoman la ignorancia, la inconciencia y la temeridad. “Debemos partir de la base de la buena fe de la gente. Otra cosa es que yo pida expresamente que se retire mi foto y no se haga. Eso podría ser una infracción al derecho a la imagen”, indica Bertomeu, que pide “un equilibrio entre los nuevos usos de Internet, el Derecho y las nuevas tecnologías”. Otra fuente de conflicto son los foros de Internet, que a menudo sirven de desahogo al que los visitas. Muchos comentarios anónimos en esos foros que constituyen un delito. En opinión de los expertos, la justicia no puede pedir responsabilidades a los gestores de la web que los contiene: es imposible ejercer un control previo porque, además, se trata de sistemas automatizados de publicación de comentarios. El 70% de los casos que atiende la policía catalana son por injurias, calumnias o amenazas. La mayoría, a través de foros de Internet.
“Los jóvenes poseen herramientas potentes, pero no tienen claro qué límites no deben traspasar nunca. De repente, un niño puede encontrarse con que la policía viene a buscarle. Es un problema de educación en la tecnología”, dice el presidente de la asociación de usuarios. E insiste en una reflexión: “Hay que transmitir el mensaje de que la legalidad en Internet existe”.
Pero hay otras fórmulas. El contenido de la imagen (en el caso de vídeos y fotografías) ofrece una ingente información que, analizada, resulta eficaz. El estilo de escritura también puede ser, en el caso de ofensas o amenazas vertidas desde un correo electrónico o un foro anónimo, una pista definitiva.
El portal de vídeos Youtube, propiedad del titánico Google, se ha convertido, con el tiempo, en un depósito de material delictivo. No es el único, pero su popularidad le ha situado como destino preferente para que cientos de usuarios vuelquen allí lo que se les ocurra, que en ocasiones, resultan ser actividades castigadas en el Código Penal.
Ramón, un esquizofrénico de 46 años, sufrió en sus carnes la perversión de la red cuando, hace unos meses, unos chicos le grabaron con videocámara mientras se burlaban de él. No tardaron ni dos minutos en colgarlo en Youtube. Su familia, de Móstoles (Madrid), consiguió que se retiraran las imágenes. En abril ocurrió algo parecido, esta vez en Martorell (Barcelona). Tres chicos obligaron a un discapacitado psíquico a romper baldosas con la cabeza, hacer flexiones y consumir drogas, mientras captaban la escena con sus teléfonos móviles. Los tres acabaron detenidos por los Mossos d’Esquadra (Policía autonómica catalana) y las imágenes, apartadas de la circulación. “En las webs saltan cosas que han pasado toda la vida: por ejemplo, niños que se pegan en el colegio. La diferencia es que, ahora, eso se difunde públicamente, por puro exhibicionismo”, opina Carlos Sánchez Almeida, abogado experto en delincuencia informática. “Una paliza puede ser un delito de lesiones. Pero si esa paliza se publica en Internet, se convertirse, además, en un delito de incitación a la discriminación”, señala.
Hace meses, la policía detuvo a varias personas por mantener relaciones sexuales con una menor en un parque de Asturias. La adolescente accedió a practicar sexo, e incluso consintió que la grabaran. Pero es que los jóvenes no fueron detenidos por abuso sexual, sino por cometer un delito contra el derecho a la propia imagen, ya que el vídeo corrió de un teléfono móvil a otro hasta que aterrizó en Internet.
Almeida y otros letrados reclaman que la Fiscalía intervenga de oficio en los casos más graves; al menos, en los que se ven involucrados menores o personas con discapacidad. “Lo primero es proteger su intimidad. Después ya se verá si hay o no delito”, subraya. Hace unas semanas, la Fiscalía de Menores de Granada pidió a Google que indemnice, con 1.300 euros, a dos menores (un supuesto agresor y su víctima) que protagonizaron una riña en Armilla. Las imágenes fueron colgadas en Youtube, lo que, a juicio de la Fiscalía, supuso “un grave menoscabo de la dignidad” de los dos menores. El volumen de material susceptible de ser perseguido penalmente crece día tras día. Lo mismo que la sensación de descontrol, de que el vídeo eliminado hace una semana puede estar ahora en otro portal de Internet. Los responsables policiales cuentan con ello. Y tratan de achicar terreno. El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) creó hace unos meses el Grupo de Redes Abiertas. Bajo ese llamativo nombre trabajan decenas de agentes expertos en informática que se pasan el día enganchados a la red. Hacen lo que buenamente pueden. Cuando no atienden la denuncia de un individuo o una empresa, bucean por el inmenso mar de Internet en busca de indicios.
“Esto es inacabable. Aunque fuésemos mil, no llegaríamos a todo. Los delincuentes cada vez van a más, por eso es importante que el ciudadano colabore y, cuando vea una agresión, la denuncie”, admite el jefe de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía, Enrique Rodríguez. Los funcionarios que trabajan en este grupo están pendientes de la actualidad informativa, porque se produce un curioso efecto llamada: “Esto va por modas. La gente ve una conducta en la tele y la imita. Por ejemplo, a raíz de un ataque a una tienda de chinos, empezamos a observar agresiones similares en otros locales. Lo mismo ocurrió con las peleas entre compañeros de clase, las palizas a mendigos o las carreras ilegales de coches”.
Rodríguez asegura que, “contra la opinión del común de los mortales, Internet no es anónimo; siempre deja un rastro”. Dice que la policía dispone de los medios necesarios para perseguir cualquier delito, pero prefiere no dar detalles para “evitar que los malos tengan pistas”.
La inmensidad de Internet ha abierto las puertas a los investigadores privados. Mientras la policía debe concentrar sus recursos en los casos con impacto criminal -distribución y consumo de pornografía infantil, grandes estafas on line, agresiones a menores o discapacitados- el sector privado se ha volcado en las empresas. Éstas han multiplicado las denuncias por fuga de información, competencia desleal o injurias en la red. Y los investigadores les echan un cable. Uno de los más prestigiosos es Abraham Pasamar, perito informático y director general de la empresa de investigación digital Incide. “Un individuo que sepa algo de informática puede lograr que los comentarios difamantes sobre una empresa aparezcan en Google antes que su web corporativa”, sentencia Pasamar. Por eso, recomienda a las empresas que, antes que nada, acudan al notario “para dejar constancia de que esa injuria estaba ahí, en esa página, tal día y a tal hora”. Del comentario ofensivo se ha de sacar una copia en papel; del vídeo, se ha de hacer una copia. ¿Por qué? “Es importante que la prueba quede custodiada de forma adecuada. De hecho, pedimos a los empresarios que creen una figura especial para ello, el oficial de evidencias”, interviene Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva y coordinador del Foro de Evidencias Electrónicas, un punto de encuentro en el las personas implicadas en este mundo comparten información.
Pero con la prueba del delito no es suficiente: hay que ir a por el autor. Y hay herramientas para dar con él. “En Youtube, el delincuente cuelga la prueba de su delito, y eso es una gran ventaja. Un analista forense puede sacar punta a cualquier cosa: por ejemplo, si aparece un reloj o un calendario podemos saber en qué país se ha producido el material”, indica Inza. El autor exhibe, por lo general, su nombre de usuario. De modo que, con “un poco de picardía”, se puede saber en qué otro lugar de la red ha participado ese mismo usuario-ciudadano.
Cuando el prestador de servicios de Internet colabora con la policía, los tiempos de espera se acortan. Por colaborar se entiende aquí algo muy concreto: que Google (por citar un ejemplo) retire, motu propio, un contenido que se considera nocivo. En casos flagrantes o de alarma social (como la pederastia) las propias páginas web se prestan a retirarlo de forma inmediata. Pero no siempre es tan fácil. Para empezar, hay diferencias de clase. “En las grandes empresas, donde todo está muy profesionalizado, se puede llegar a un acuerdo. Un blogger, por el contrario, puede llegar a ser mucho más combativo”, incide el letrado Sánchez Almeida.
Cazando con redes
Las populares redes sociales (tipo Facebook) ponen en contacto a amigos y promueven el intercambio de todo tipo de información entre ellos. También estas webs se han convertido, sin pretenderlo, en un terreno espinoso. Existe la costumbre, por ejemplo, de colgar fotos de amigos en la red sin pedir permiso. De nuevo, asoman la ignorancia, la inconciencia y la temeridad. “Debemos partir de la base de la buena fe de la gente. Otra cosa es que yo pida expresamente que se retire mi foto y no se haga. Eso podría ser una infracción al derecho a la imagen”, indica Bertomeu, que pide “un equilibrio entre los nuevos usos de Internet, el Derecho y las nuevas tecnologías”. Otra fuente de conflicto son los foros de Internet, que a menudo sirven de desahogo al que los visitas. Muchos comentarios anónimos en esos foros que constituyen un delito. En opinión de los expertos, la justicia no puede pedir responsabilidades a los gestores de la web que los contiene: es imposible ejercer un control previo porque, además, se trata de sistemas automatizados de publicación de comentarios. El 70% de los casos que atiende la policía catalana son por injurias, calumnias o amenazas. La mayoría, a través de foros de Internet.
“Los jóvenes poseen herramientas potentes, pero no tienen claro qué límites no deben traspasar nunca. De repente, un niño puede encontrarse con que la policía viene a buscarle. Es un problema de educación en la tecnología”, dice el presidente de la asociación de usuarios. E insiste en una reflexión: “Hay que transmitir el mensaje de que la legalidad en Internet existe”.
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